MARISTELLA SVAMPA (*) Y ENRIQUE VIALE (**)
Hace tiempo que venimos advirtiendo sobre la peligrosa construcción de un relato mistificador y celebratorio de la explotación de hidrocarburos no convencionales con la metodología del fracking por parte del gobierno nacional a través de YPF, así como de los involucrados provinciales, que incluyen de modo central a los gobiernos neuquino y rionegrino. La intensa estrategia comunicacional, que busca rechazar de plano cualquier crítica o carácter controversial a la metodología de la fractura hidráulica, cobra por momentos ribetes grotescos cuando no insistentemente dramáticos y negadores de la realidad. Así, en todos los casos, operadoras y gobiernos hablan de "fracking seguro" y de "controles serios", ocultando información a la población, mientras se minimizan los riesgos ambientales y los cuestionamientos económicos y políticos, se apunta a negar la representatividad y los derechos de las comunidades mapuches, se habla peyorativamente de los "sectores ambientalistas" y, en el límite, como en caso del gobierno neuquino, se los acusa de "terrorismo ambiental".
Esta fuerte ofensiva política y comunicacional, que arrancó luego de la aprobación del contrato con Chevron (en agosto del 2013), tiene por objetivo construir un consenso en torno del fracking mostrando que, de la mano de YPF (y de otras empresas transnacionales), éste es no sólo "necesario" sino además "seguro" y altamente "beneficioso" para el desarrollo regional y del país. Como si esto fuera poco, se pretende identificar empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales apelando emotivamente al nacionalismo, como sucedió con las campañas publicitarias de YPF durante el Mundial de fútbol recién finalizado.
Sin embargo, tanto el caso rionegrino, donde el fracking avanza en Allen en medio de plantaciones de peras y manzanas, como en el de la estepa neuquina, ya ha habido eventos inherentes a este tipo de explotación que ponen de relieve la insostenibilidad de este discurso celebratorio. Así, en Allen, entre marzo y julio de este año ya se registraron dos serios siniestros en pozos de hidrofractura en la zona de chacras.
El 19 de marzo se registró una explosión de un pozo de tight gas. Ese mismo día, desde la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA-Allen) trataron de comunicarse con el secretario de Ambiente, pero la provincia de Río Negro ya no contaba con ese funcionario tras el ajuste realizado por el gobernador Alberto Weretilneck. En el lugar sólo estaba el secretario de Hidrocarburos, Daniel Giménez, quien no brindó explicaciones ni soluciones. La denuncia pública frente a la ausencia de controles y las irregularidades cometidas llevó a que dicho pozo fuera clausurado por un mes.
Ahora, en la madrugada del 14 del mes en curso se registró un nuevo "evento" en un pozo de fracking también en la zona de chacras, cerca de la entrada de Allen, después de que se trabara un trépano en las profundidades y tuvieran que introducir gasoil para intentar destrabarlo. Las llamas del incendio alcanzaron los 15 metros de altura y Allen volvió a ser noticia, encendiendo nuevamente la luz de alarma. Además, en dicho pozo tuvo lugar otro "evento" hace poco más de un año a partir del desprendimiento de un instrumento de trabajo en el subsuelo, para lo cual hubo que llamar a un equipo de rescate procedente del extranjero.
Mientras el gobernador Weretilneck realiza declaraciones rimbombantes sobre "la coexistencia de las actividades y la existencia de los controles públicos", la intendenta allense, Sabina Costa, que desde el comienzo ha dado claras muestras de una mezcla de indiferencia con falta de amplitud de miras, se ha empecinado en desoír cualquier llamado de atención de los vecinos y de especialistas sobre la peligrosidad del fracking, así como las implicancias negativas del avance de la actividad hidrocarburífera sobre la tradicional matriz frutícola. Más aún, ambas autoridades fueron las principales detractoras de la ordenanza que prohibía la metodología de la fractura hidráulica en el ejido municipal, votada por unanimidad por el Concejo Deliberante de Allen en agosto del 2013. Recientemente Costa, que aspira a su reelección -esperando recibir las regalías, luego de la renegociación provincial de los contratos petroleros-, declaró exultante que "Allen se va a convertir en el mayor productor de gas, después de Vaca Muerta. Eso se dice" (Noticias.net, 2014).
En verdad, no sorprenden el cinismo ni la mala fe de nuestros gobernantes. Lo que asombra, más allá de las denuncias solitarias de la asamblea del lugar y unos pocos vecinos o de las interesantes campañas del espacio "Proyecto Allen", es la apatía de la población local. Por un lado, tenemos una débil y corporativa Cámara de Fruticultores donde los chacareros oscilan entre el rechazo simbólico y la inacción, mientras algunos otros sueñan con hacer un contrato con la empresa petrolera (ayer Apache, hoy Yacimientos del Sur) "para salvarse", sin pensar que ese mismo acto los acerca más al tiro del final. Por otro lado, asombra la indiferencia de la población allense: ni los maestros, comerciantes, jóvenes y profesionales ni los trabajadores de la fruta, a nadie parece interesarle o importarle demasiado cuán influyente pueda ser esta vía rápida hacia un nuevo modelo de ocupación territorial en lo que respecta a su destino como comunidad. Algunos podrán argüir que, por el momento, el avance de la actividad hidrocarburífera afecta sobre todo a los pequeños productores, pero su expansión creciente afectará sin dudas la matriz productiva tradicional y al conjunto de los sujetos sociales y económicos involucrados, así como también a la localidad, su estilo de vida y su configuración social y urbana, con sus inevitables impactos ambientales y sociosanitarios.
En la misma línea, un ejemplo reciente pone de manifiesto el valor de los proclamados 'controles del gobierno' y 'responsabilidad social empresaria'. En mayo del corriente año se "perdió" una pastilla radiactiva en un pozo petrolero de Rincón de los Sauces, en Neuquén. Después de informar que se habían hecho mediciones de superficie para verificar la seguridad de los operarios, se explicó que se habían agotado las acciones para recuperar ese elemento, por lo cual se iba a cementar el pozo, como si eso garantizara la seguridad de un elemento radiactivo y el impacto, que puede medirse en términos de cientos o miles de años de radiaciones. A los pocos días, el secretario de Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, señaló con absoluta liviandad y sin mayores precisiones que "no hay peligro de contaminación porque el elemento está encapsulado y no hay posibilidad de radiaciones". De igual manera, como señala Roberto Ochandio, técnico en petróleo y geógrafo, autor de uno de los pedidos de informe, "todavía no hubo reconocimiento del accidente por parte de Halliburton, la compañía responsable por ese elemento radiactivo".
Un mes y medio después, el 11 del mes en curso, el tema vuelve a ser noticia en otro lugar, el yacimiento de Aguada Pichana, en la cuenca del río Neuquén, sobre el yacimiento Vaca Muerta, donde se "perdió" otra pastilla radiactiva. Estos eventos, como dice un comunicado la Fundación Ecosur, "no sólo nos recuerdan otras denuncias: derrames de petróleo, surgencia de aguas contaminadas con hidrocarburos, el incendio de pozos petroleros en Allen o Plottier, las emisiones de metano en la planta de metanol y los animales muertos por las aguas con hidrocarburos en Cutral Co. Eventos de gran impacto ambiental y social que se suceden sin solución de continuidad en las cuencas de los ríos de Patagonia Norte, superpuestas a la cuenca hidrocarburífera neuquina. Accidentes que toman estado público eventualmente o cuando demuestran un carácter trágico, lamentable".
Así, a pesar del enorme esfuerzo en ocultar información y minimizar estos eventos, la campaña sobre el "fracking seguro" se cae a pedazos ante la misma realidad. Es hora de que la sociedad en su conjunto (sectores políticos, educativos, sindicales, medios de comunicación) y sobre todo las poblaciones involucradas tomen conciencia de los riesgos inherentes a este tipo de explotación y evalúen cómo la misma afectará a las presentes y futuras generaciones, el ecosistema y la vida. En todo caso, como sostiene en una reciente carta abierta a la comunidad Proyecto Allen, nadie podrá alegar mañana "no sabíamos", "nadie hizo nada" o a "nadie le importó".
(*) Investigadora del Conicet
(**) Abogado ambientalista
