sábado, 15 de marzo de 2008

4500 Voluntades Santacruceñas por el "NO al cianuro"


En forma conjunta los “Vecinos Autoconvocados de Perito Moreno" y la "Asamblea Ambiental Ciudadana", presentaron en Cámara de Diputados el Proyecto de Ley tendiente a prohibir el uso del cianuro y otras sustancias tóxicas en los procesos mineros metalíferos en el territorio de la provincia de Santa Cruz. La presentación se hizo frente a los representantes de los tres bloques legislativos y estuvo acompañado por cerca de 4.500 firmas de ciudadanos de toda la provincia.

La entrega se formalizó en una reunión de la que participaron el diputado Alejandro Victoria, vicepresidente del Bloque del Partido Justicialista; la diputada Gabriela Mestelán de Encuentro Ciudadano, y los diputados Jorge Cruz y Omar Hallar de la Unión Cívica Radical, por parte de los Vecinos Autoconvocados de P. Morenos el Lic Damian Pessolano y por la Asamblea Ambiental Ciudadana el Prof Luciano Domínguez y el Ing Eduardo D’Elía.

Durante el encuentro Damián Pessolano, quien viajó especialmente para este encuentro, dio detalles de la iniciativa y del proceso de recolección de firmas que se llevó adelante en toda la provincia, y explicó la posición de su organización.

Por su parte Eduardo D´Elía, expresó a los legisladores la preocupación de gran parte de la ciudadanía de la provincia por el cuidado ambiental, y explicó los problemas que ocasionan tanto el cianuro como las restantes sustancias tóxicas que se utilizan actualmente en la actividad minera en nuestra provincia. D’Elía manifestó que es necesario adecuar las normas provinciales para proteger el ambiente y los recursos naturales de la provincia, que son el bien más preciado con que contamos.

También se hicieron entrega de una serie de preocupaciones que aquejan a los ciudadanos santacruceños como:

1) Obra Mega Usina de Río Turbio:

Consideramos que ha sido un gran error adjudicar la obra sin que esta haya tenido un Estudio de Impacto Ambiental mínimo para garantizar:

a) La mejor tecnología a aplicar con costos menores al de adjudicación;

b) una ubicación sustentable;

c) el destino de las miles de toneladas de desechos que diariamente generará;

d) el impacto de los gases generadores de lluvia ácida y efecto invernadero, que por toneladas se esparcirán en nuestro aire;

e) el impacto a la única fuente de agua potable de más de 150.000 habitante, como lo es el río Gallegos, al potenciar su contaminación con el crecimiento de la explotación de carbón y su posterior combustión.

2) La aplicación de la Ley Nº 25.670, la Resolución 313/2005 SADS del Min. de Salud y Amb. de la Nac. y la Disp. 007/2003 de la SSMA, referente a la eliminación y gestión de los Bifenilos Policlorados (PCBs). Estas normativas no solo son aplicables a las empresas privadas sino que deben ser aplicadas a las públicas de toda la provincia como SPSE y YCRT.

3) Necesidad de un programa educativo masivo que concientice a la población sobre el Uso Racional de la Energía, el Agua y los Recursos Naturales No Renovables.

4) Modificación de la Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, en la se establezca claramente la obligación del estado de:

a) Realizar el Estudio de Impacto Ambiental y cumplimentar el procedimiento técnico administrativo contemplado en la norma, que incluye las Audiencias Públicas, de manera previa a la adjudicación definitiva de todo tipo de obras, tales como emprendimientos energéticos, planes habitacionales, caminos, etc.

b) Publicar en espacios públicos, como una pagina web, los Estudios de Impacto Ambiental que son aprobados a fin de que la ciudadanía tenga un fácil acceso a los mismos

Ambos ambientalistas coincidieron en señalar que es necesario un debate parlamentario que eleve los parámetros de protección ambiental en toda la provincia y que permita el desarrollo de las diferentes actividades económicas en Santa Cruz, pero siempre priorizando el cuidado y la preservación del ambiente y la calidad de vida de los habitantes.

Durante la reunión, Hallar recordó que ya en el año 2005 su bloque presentó una iniciativa para regular el uso de cianuro en la minería. El arquitecto también destacó que por ejemplo la provincia de Río Negro prohibió la utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, exploración y/o industrialización de minerales metalíferos que se lleven a cabo en su territorio mediante la ley Nº 3.981, que fuera sancionada en julio de 2005; tal como sucede en Chubut desde 2003, a partir de la sanción de la ley 5.001; o en las provincias de Tucumán, Mendoza y La Rioja.

El legislador también destacó la importancia de la participación de los vecinos en este tipo de temas, y dijo que es muy positiva porque permite mejorar y ampliar el debate legislativo.

Cabe recordar que la semana pasada el diputado Omar Hallar presentó un nuevo proyecto en la Legislatura tendiente a establecer la regulación en la provincia de la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, arsénico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos mediante cualquier método extractivo. (Fuente: La Opinión Austral 11-03-08)