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Sergio Elguezabal nos presenta un informe sobre la polémica ley de glaciares. Mientras se discute la sanción de esta ley en el congreso, al mismo tiempo ya se planean distintos proyectos mineros en la zona. En esta segunda parte, nos enteramos quiénes son los dueños de este proyecto y cómo juega el Estado en una actividad tan compleja. Además, te mostramos cómo es el proceso de la minería a cielo abierto en la Argentina.
En una Santa Cruz que lleva 10 años de explotación minera y se vanagloria por ser la provincia de mayor crecimiento minero del país, no es posible la ausencia del estado en el control.
Ya lo habíamos advertido en nuestros informes de visita a Cerro Vanguardia y a Mina Martha donde el control prácticamente no existe.
A la falta de control por parte de entes del estado como la Secretaria de Minería, la Subsecretaria de Medioambiente, la Secretaria de Trabajo o la Dirección de Recursos Hídricos, hay que sumarle la inexistente generación de actividades económicas sustitutas. Las empresas mineras subvencionan a las denominadas Agencias de Desarrollo, que intentan buscar actividades lucrativas que permitan llevar adelante la economía regional una vez que las mineras dejen estas tierras.
Solo basta con preguntar en San Julián, Gobernador Gregores o Perito Moreno ¿cuantas actividades se han generado en los últimos 10 años?. La respuesta no se dejará esperar "Ninguna".
Sin control, sin actividades sustitutas, y peor aún sin políticas mineras, la minería en la provincia debe detenerse ahora. No se puede seguir entregando áreas de explotación minera sin garantizar a las generaciones futuras un mínimo de sostenibilidad.
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