Los impactos ambientales de la Megausina de Río Turbio llegaron al fin a mover a la Justicia Federal. Los implicados en la causa que ahora deberán responder a la justicia son: Julio De Vido (Ministro de Planificación Federal), Daniel Peralta (Gobernador), Francisco Anglesio y Mario Díaz (Ex Secretarios de Medio Ambiente).
La justicia )Juez Caludio Bonadio) ordenó a un grupo de peritos y no a la propia empresa constructora, la española Isolux Corsan, a analizar los impactos que esta ocasionará a nuestras poblaciones.
Desde el año 2.005 la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos viene reclamando por la magnitud e irreversibilidad de los impactos que ocasionara el funcionamiento de la Megausina, tanto a las poblaciones argentinas como chilenas. Pero también presentamos propuestas de tecnologías que permitían consumir carbón con mínimos impactos ambientales.
La respuesta del gobierno fue rápida, intentos de sobornos y persecución quitando derechos constitucionales a los que opinaban diferentes. Estas denuncias se encuentran durmiendo desde hace años en la Sec. de Derechos Humanos y en el INADI.
Cabe recordar que la obra se está construyendo de manera ilegal al no haber dado respuesta a las 50 objeciones del Estudio de Impacto Ambiental hace más de 2 años y al incumplir con el Tratado Internacional (Arg-Chile) de 1991 en la que obliga a los estados a participar al otro en proyectos de esta índole.
Ahora no hay vuelta atrás, así como los Fiscales Federales, estamos convencidos de los resultados de los peritajes.
Aquí se ha jugado con la salud, medio ambiente e ilusión de un pueblo con el único propósito de ocultar la muerte de 14 mineros y de realizar negocios millonarios entre funcionarios amigos.
Ver: La Nacion
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